Cuba: CIDH y REDESCA expresan su preocupación por el agravamiento de la escasez de alimentos y de interrupciones prolongadas del suministro eléctrico

29 de abril de 2024

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Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), expresa preocupación ante el agravamiento reciente de la inseguridad alimentaria en Cuba y de las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico. Esta situación afecta desproporcionadamente a ciertos grupos de personas, como las personas mayores, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, así como a personas con enfermedades crónicas, lo cual genera graves impactos en sus condiciones de vida.
 
De acuerdo con el Food Monitor Program, se observa que en 2023 la mayoría de las provincias habrían enfrentado un bajo nivel de seguridad alimentaria. A su vez, se toma nota que recientemente el Gobierno Cubano solicitó apoyo al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) ante las dificultades del país para seguir distribuyendo leche subvencionada a niñas y niños menores de 7 años, así como debido a la  escasez de harina para el pan subvencionado de la canasta básica, pese a ser un bien básico en la dieta cubana. Asimismo, en marzo de 2024, se observó un incremento significativo de interrupciones en el suministro eléctrico en diferentes partes del país.
 
Al respecto, es de destacar que la CIDH se ha pronunciado anteriormente sobre la persistencia del cuadro crónico de desabastecimiento de alimentos básicos y productos esenciales en la Isla. La situación resulta de un contexto de bajo crecimiento económico, alta inflación, reducción de la producción y venta de alimentos y problemas de infraestructura, sobre todo en el sector eléctrico; y se agravó con las recientes medidas económicas adoptadas por el gobierno, entre ellas, el aumento de precio de los combustibles y de la electricidad y el fin del subsidio de la canasta básica, así como la devaluación de la moneda.
 
Adicionalmente, consistente con sus pronunciamientos previos, la CIDH reitera su preocupación por la continuidad del embargo económico impuesto por Estados Unidos de América, y subraya la importancia de levantarlo para asegurar los derechos humanos que resultan afectados por esta medida. En particular, señala que las restricciones económicas a Cuba profundizan y empeoran las condiciones socioeconómicas en el país, y tienen impacto en el acceso de la población a alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.
 
Por otra parte, este contexto de deterioro de las condiciones para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Cuba resultó en el resurgimiento de protestas sociales en marzo de 2024. Entre estas, se destacan las iniciadas el 17 de marzo en Santiago de Cuba con reclamos ciudadanos relacionados principalmente al suministro eléctrico y la escasez de alimentos. Estas manifestaciones se ampliaron en diferentes partes del país y también destacan el descontentamiento de la ciudadanía con la ausencia de libertades fundamentales. Esta nueva ola de protestas sociales se inserta en un contexto de persistente insatisfacción social y que viene expresándose en las calles desde el 11 de julio de 2021.
 
Frente a este escenario, en particular el agravamiento de la escasez alimentaria y de interrupciones en el suministro eléctrico, la CIDH y la REDESCA reiteran su llamado al Estado cubano a adoptar acciones concretas para proporcionar el acceso de su población a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla, así como a los servicios públicos indispensables a sus necesidades vitales y desarrollo integral. Asimismo, instan a la comunidad internacional a fomentar la cooperación en materia de acceso a alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad en Cuba.
 
En cuanto a las movilizaciones sociales, la CIDH insta al Estado a garantizar los derechos humanos de todas las personas manifestantes.  Además, destaca que la protesta social es una herramienta fundamental en la defensa de la democracia y de los derechos humanos, que permite canalizar y visibilizar las demandas y reclamos de la población hacia las autoridades. En consecuencia, el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
 
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia./p>

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