Perú: CIDH expresa preocupación por la interferencia del Congreso en el funcionamiento de otros poderes públicos

7 de junio de 2024

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por información recibida sobre afectaciones sucesivas al sistema de pesos y contrapesos que pueden resultar en el debilitamiento del Estado de derecho en Perú. En este contexto, resulta necesario que la actuación estatal garantice la vigencia de la democracia y de los derechos humanos. Por esta razón, la Comisión insta al respeto de la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral y de los derechos humanos, los cuales fortalecen la democracia.

En los últimos meses, la CIDH ha recibido información sobre acciones que constituyen intromisión de orden político por parte del Congreso de la República de Perú en contra de órganos del sistema de justicia y otras instituciones democráticas que luchan contra la corrupción, con impacto en el cumplimiento de sus mandatos. En particular, preocupan a la CIDH todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción.

Los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso, tales como denuncias constitucionales, han llevado a la inhabilitación de personas a cargo de casos de corrupción cuya labor, con frecuencia, involucra a congresistas y personas con liderazgo político. A ello se suman, por lo menos, dos iniciativas de reforma constitucional en curso en el Congreso, una dirigida a la sustitución de la JNJ por una escuela nacional de la magistratura; y, la otra, a la reorganización de la JNJ y el Ministerio Público, que resultaría en la destitución de las personas titulares de los mandatos de dichas instituciones.

En ese contexto, la CIDH destaca el procedimiento contra la Fiscal Delia Espinoza. Asimismo, al menos 14 procedimientos adelantados contra la JNJ que condujeron a la inhabilitación de dos de sus integrantes, en un escenario en donde se ha señalado la existencia de violaciones al principio de legalidad y separación de poderes.

Por otro lado, la CIDH nota las acciones ejercidas en contra del sistema electoral, las cuales afectan su independencia.  Al respecto, el Presidente del JNE ha enfrentado al menos 10 denuncias ante el pleno del Congreso. En el trámite de los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso han sido reiterados los señalamientos de motivaciones políticas y la falta de una base legal para su sustanciación.

El Estado indicó que la mayoría de los procedimientos de inhabilitación iniciados por el Congreso han resultado en archivo; mientras que las personas que han sido efectivamente inhabilitadas pueden acudir al Poder Judicial o Tribunal Constitucional con garantías del debido proceso. El Estado expresó que la "correcta actuación" de los órganos públicos está garantizada por mecanismos de control y balance. Asimiso, afirmó su compromiso con el respeto de los derechos humanos y la democracia, incluyendo el respeto a la separación de poderes y la autonomía de las instituciones.

La CIDH reitera que el respeto de la democracia conlleva asegurar la vigencia de un modelo de pesos y contrapesos. En este modelo, las distintas funciones estatales deben corresponder a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí, con el fin de establecer los límites necesarios para el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, evitar la arbitrariedad. El Estado debe velar para que las autoridades ejerzan sus funciones con estricto apego a la legalidad y al interés público. En contextos de elevada corrupción e impunidad, los Estados deben reafirmar su compromiso con el combate a esos flagelos mediante el fortalecimiento del sistema de justicia.

Durante los últimos años, la CIDH ha observado y alertado acerca del deterioro de la democracia en Perú. El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido sido ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico. El ejercicio del poder ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado, lo que, paralelamente, amenaza la situación de los derechos humanos. En este contexto, es apremiante tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente.

En ese sentido, la Comisión urge al Estado a demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Para ello, debe adoptar medidas urgentes para el fortalecimiento del Estado de derecho, que incluyan el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como las garantías para la independencia de personas operadoras de justicia. Sumado a lo anterior, el Congreso de la República debe, con urgencia, cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria, y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales. Ello es esencial para recuperar de la confianza ciudadana en las instituciones públicas y confirmar la vigencia del Estado de derecho. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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