La Relatoría Especial alerta sobre los impactos de la criminalidad organizada en el periodismo y urge al Estado a la protección de periodistas en el Ecuador

25 de marzo de 2024

Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama al Estado a investigar y sancionar los ataques y agresiones contra periodistas; y a fortalecer su seguridad, así como también el mecanismo de protección en Ecuador.

En lo corrido de 2024, la Relatoría Especial ha recibido información sobre hechos de violencia contra periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación en Ecuador. Según reportes de organizaciones de la sociedad civil, entre enero y febrero de este año se registraron alrededor de 58 agresiones, la mayoría de estas habrían sido efectuadas por actores no estatales, entre ellos, grupos del crimen organizado mediante amenazas, atentados armados y obstrucciones a la cobertura periodística.

La Comisión y su Relatoría Especial han señalado en reiteradas ocasiones que estos hechos se insertan en un contexto de grave deterioro de la seguridad ciudadana, de la estabilidad y la gobernabilidad democrática. Además, se enmarcan en el conflicto armado interno decretado en Ecuador y obedecen principalmente al accionar de grupos criminales en el país.

Asimismo, estos hechos perpetrados por las estructuras del crimen organizado afectan de forma diferenciada a periodistas y comunicadores que trabajan en zonas con fuerte presencia del crimen organizado y en donde el conflicto con estos grupos es mayor, así como a quienes cubren asuntos relacionados con corrupción, seguridad ciudadana y narcotráfico. Según reportes públicos, la creciente situación de violencia e inseguridad habría obligado a que varios periodistas consideren desplazarse internamente o abandonar el país, lo que podría generar un impacto notable en las condiciones habituales de su trabajo.

A inicios de este año, la Relatoría Especial recibió información sobre agresiones contra periodistas, por parte de actores del crimen organizado. El pasado 9 de enero, un grupo armado irrumpió en las instalaciones del canal TC Televisión en Guayaquil, profiriendo amenazas de muerte al personal durante una transmisión en directo. Periodistas y trabajadores del medio de comunicación denunciaron ante la Relatoría Especial la ausencia de una evaluación adecuada del riesgo, así como la falta de avances en las investigaciones y de garantías de protección y no repetición por parte de las autoridades estatales. Según pudo conocer esta Oficina, al menos una persona del canal habría decidido abandonar el país por temor a sufrir agresiones en su contra.

Al respecto, la Corte Interamericana ha enfatizado en que la impunidad, entendida como la “falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena” favorece la repetición crónica de violaciones de derechos humanos. La impunidad erosiona la confianza de las víctimas y de sus familiares en las instituciones del Estado, envía un mensaje de permisividad hacia los crímenes contra la prensa, y favorece la autocensura de las y los periodistas.

En un contexto cada vez más complejo para el ejercicio del periodismo, la Relatoría Especial destaca la creación del Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico. Esta iniciativa, anunciada en noviembre de 2023, contó con la participación de diversas entidades del Estado, representantes de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. La Relatoría valora los esfuerzos iniciados por el Estado, en particular por el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, para la implementación de mecanismos de protección a periodistas, pero advierte sobre las incertidumbres que aún persisten, las cuales podrían afectar su efectividad en un momento crítico donde su funcionamiento es especialmente necesario. La Oficina de la Relatoría Especial, en su compromiso con esta iniciativa, ha ofrecido su cooperación técnica en el proceso de implementación.

La CIDH y su RELE han señalado algunos lineamientos para que los mecanismos de protección sean efectivos. Entre ellos, garantizar los recursos financieros y de personal necesarios, así como los estudios de riesgo con una perspectiva diferenciada mediante la adopción de protocolos; asegurar la coordinación entre las entidades responsables de prevenir, proteger y procurar justicia; y promover espacios de interlocución entre autoridades del Estado con periodistas, la sociedad civil y beneficiarios.

La Relatoría Especial valora positivamente la suscripción por parte del Estado de las Declaraciones de Chapultepec y Salta que promueven los principios de la libertad de expresión.

Por todo lo anterior, la Relatoría llama al Estado a investigar con debida diligencia los ataques contra periodistas, y a juzgar y sancionar a los responsables. Igualmente, esta Oficina urge al Estado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las y los periodistas en riesgo ante la escalada de violencia que enfrenta el país, brindándoles las máximas garantías para que puedan ejercer su labor en un entorno seguro y sin temor a represalias; así como a adoptar las medidas de carácter presupuestal, político y técnico que permitan el adecuado funcionamiento del mecanismo de protección.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

No. R061/24

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