Quiero al empezar agradecer de manera especial a los gobiernos de México y Canadá y a los Cancilleres doña Rosario Green y don Lloyd Axworthy, por la invitación que me han hecho para que, como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, comparta con ustedes algunas reflexiones sobre el tema del desminado en este Seminario Regional.

Con la realización de este evento, México y Canadá dan al mundo entero y en especial a nuestra región, una muestra más de su liderazgo en todo lo que tiene que ver con la preservación de nuestra seguridad y con la búsqueda y consolidación de la paz. Un liderazgo que se ha convertido en motor del proceso de eliminación total de las minas antipersonal a lo largo y ancho del planeta.

Hace apenas un año se materializó lo que entonces se conoció como proceso de Ottawa y en menos de dos meses la Convención entrará en vigor. Por ello la Comunidad Internacional le debe, a usted señor Ministro Axworthy y al Gobierno de Canadá, inmensa gratitud.

Debo también expresar nuestro agradecimiento a la Ministra Rosario Green y al Gobierno de México, por la iniciativa que han mostrado siempre en asuntos vitales de nuestra seguridad hemisférica. Hoy quiero mencionar dos eventos que anteceden a la celebración de esta reunión. El Tratado de Tlatelolco y la celebración de la Convención contra el Tráfico Ilegal de Armas, Municiones y Explosivos, dos instrumentos esenciales en la búsqueda de la seguridad colectiva en las Américas.

Quiero también saludar a una persona cuyo trabajo nos ha inspirado a todos y nos ha servido de ejemplo: Jody Williams, Premio Nobel de Paz de 1997 y Embajadora de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas terrestres. Gracias a su liderazgo y compromiso con esta labor humanitaria, sabemos ahora lo mucho que podemos hacer y cuán lejos podemos llegar cuando ONGs, gobiernos y organizaciones internacionales trabajamos de manera mancomunada en pos de los mismos objetivos. Ella acaba de llegar de Centroamérica donde pudo conocer de primera mano sobre nuestras tareas y de seguro surgirán bajo su guía mecanismos que permitan vincular más a las organizaciones de la Sociedad Civil a este empeño. No tengo duda que con su empuje y determinacion mantendremos la necesaria vigilancia para cumplir a cabalidad los compromisos de la Convención de Ottawa. Por su iniciativa, algunos países se acercan ahora a la destrucción de sus stocks de minas antipersonal.

La presencia de la Sociedad civil nos debe servir además para tener presente que al hablar hoy del tema de las minas, nos estamos refiriendo no simplemente a los remanentes de las confrontaciones bélicas sino, antes que nada, a la gente. A los miles de víctimas de estos artefactos mortíferos. Es a estas personas, a sus familias y comunidades, a quienes están dirigidos todos nuestros esfuerzos. Y esa la principal razón para encontrarnos aquí reunidos, bajo los auspicios de México y Canadá, para continuar y redoblar esfuerzos de forma conjunta -gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones privadas- para erradicar de la faz de la tierra esta plaga traicionera, atender las víctimas y ofrecer alternativas de desarrollo a los habitantes de las zonas afectadas.

Y en este esfuerzo que nos compromete a todos, quiero contarles lo que hemos hecho en la Organización de los Estados Americanos.

Fue en 1991 cuando por primera vez los países de Centroamérica expresaron su deseo de que la OEA los apoyara en su tarea de desactivación y destrucción de las minas enterradas durante los precedentes años de conflicto fratricida que sufrió esa región. A raíz de ello, y desde 1993, la OEA, con la asistencia técnica de la Junta Interamericana de Defensa, ha desarrollado un amplio Programa de Asistencia al Desminado de Centroamérica (PADCA), que ha canalizado los esfuerzos de muchos países y ha producido resultados muy positivos.

Desde ese momento, el tema ha sido para la OEA una preocupación constante. En 1996 nuestra Asamblea General tomó la decisión política de adoptar como metas la eliminación global de las minas terrestres antipersonales y la conversión del hemisferio occidental en una zona libre de ellas. Hizo, además, un llamado a los Estados miembros para que declararan una moratoria en la producción, uso y transferencia de todas estas minas en el hemisferio occidental; y solicitó, como medida de confianza, que nuestro Consejo Permanente, en coordinación con la Secretaría General, estableciera un registro integrado y completo de las que están en poder de los países miembros, así como de los planes existentes para su remoción y destrucción.

En nuestro programa, la Unidad para la Promoción de la Democracia presta los servicios de coordinación general y de administración de sus recursos. La JID, por otro lado, es la institución responsable del asesoramiento y supervisión de los aspectos técnicos de las operaciones, incluyendo el reclutamiento y entrenamiento de los expertos internacionales proporcionados por nuestros estados miembros.

Por su parte, los países Centroamericanos afectados, en el marco de la OEA, establecieron metas para estar libres de estas minas al más breve plazo posible, y contribuyen con sus zapadores en la ardua y peligrosa tarea de detección, extracción y destrucción de las minas. Proporcionan además una significativa cantidad de recursos económicos y financieros. De esta manera puedo decir con orgullo que esta región ha llegado más lejos que ninguna otra en el largo proceso de liberarse de esas armas de la guerra; y, puedo decir, además, que en la OEA fuimos pioneros en el mundo en adoptar este tipo de decisiones políticas que hoy, felizmente, confluyen a nivel mundial en el proceso de Ottawa.

Los resultados que hemos alcanzados en cada uno de los proyectos nacionales de desminado nos impulsan a continuar. A los ya existentes en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, hemos sumado el proyecto de Guatemala. Las tareas realizadas bajo la coordinación de la OEA son una experiencia que merece ser evaluada para su uso en otras latitudes. Nuestra operación es un esfuerzo conjunto de personal militar de varios de nuestros países que incluye no sólo a zapadores de las Fuerzas Armadas de los países afectados, sino también a oficiales expertos de los vecinos hemisféricos que asesoran y supervisan el equipamiento, la capacitación y las operaciones de desminado propiamente dichas, proveyendo además control de calidad, seguridad y eficiencia en las operaciones. Nuestra experiencia indica que si en los países afectados trabajan de manera coordinada instancias del gobierno dedicadas al desarrollo social y económico, con los militares y los organismos internacionales, los proyectos arrojan mejores, más rápidos y más completos resultados. Cabe mencionar que hace solamente unas semanas hemos incorporado al programa un componente canino que parece ofrecer posibilidades para maximizar el rendimiento de nuestra labor.

Y el trabajo ha ido mas allá de la extracción de las minas antipersonales. Los oficiales militares están involucrados también en lo que consideramos un profundo esfuerzo humanitario que sobrepasa lo puramente militar. Esta labor ha creado relaciones cercanas de cooperación entre las fuerzas armadas de nuestro hemisferio, y entre éstas y la sociedad civil de los países afectados. Se produce, entonces, una convergencia de intereses por la paz. El trabajo hombro a hombro de militares y civiles en distintas instancias nacionales y regionales, contribuye a que antiguos enemigos ahora trabajen por un mismo objetivo. Han sido entonces una forma inestimable de generar confianza en relaciones antes conflictivas como lo reconocieron los Presidentes y Primeros Ministros en su Declaración en la Cumbre de Santiago.

¿Cuánto hemos avanzado hasta este momento? A la fecha, las autoridades del gobierno nicaragüense han reportado que se han destruido 43.000 minas desde el inicio del programa, con una cantidad aproximada de 73.000 por ser destruidas, las cuales se encuentran, en su mayoría, en terreno de difícil acceso a lo largo de su frontera norte. Esta cifra corresponde a la suma de dos programas el de la OEA y otro que realiza el Ejercito de Nicaragua con financiación internacional.

En Honduras se han destruido más de 3.000 minas terrestres, habilitándose con ello 526 hectáreas de tierra para el trabajo agrícola. Más de 2.500 familias se han beneficiado directamente de este esfuerzo. En Costa Rica avanzamos de manera más lenta por algunos problemas logísticos. Pero actualmente 37 zapadores costarricenses continúan los esfuerzos de desminado en la frontera con Nicaragua, con un fuerte énfasis en una continua campaña de prevención y concientización pública contra las minas.

Por su parte, en el proyecto de Guatemala se ha completado la organización, el equipamiento y el entrenamiento del contingente de zapadores, y se espera comenzar las operaciones propiamente dichas a fines de este mes. En este país el objetivo es proveer apoyo internacional para remover y destruir no sólo minas, sino un significativo número de artefactos explosivos, y conducir una campaña de información y prevención pública en el interior del país. Cabe destacar que este proyecto es responsabilidad de la Comisión Coordinadora del Desminado del Congreso de la República, la que cuenta con la activa participación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, instituciones responsables de ejecutar las actividades del plan nacional de desminado. Se estima que el número de artefactos para ser destruidos oscila entre 5.000 y 8.000, ubicados en 125 sitios distintos.

Los proyectos nacionales del Programa regional se ejecutan alrededor de módulos operativos de seis meses de duración, los cuales son planificados, coordinados y administrados de acuerdo a las necesidades particulares de cada país y son negociados entre las autoridades nacionales y los funcionarios de la OEA. Cada módulo incluye un presupuesto operativo que es el resultado del consenso de esa negociación.

Quisiera resaltar y agradecer en esta ocasión, de manera especial, la ayuda de algunos de los Estados miembros de nuestra Organización como son Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Perú, Guatemala, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos que han colaborado con el suministro de especialistas militares y equipo. Y Francia, Alemania, Japón, los Países Bajos, España, Suecia, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, y Noruega, cuya ayuda financiera ha hecho posible la realización de estos proyectos.

Por otra parte hemos aprendido que en materia de desminado hay que ser disciplinados en la elaboración de planes, pero flexibles en el cumplimiento de plazos. Hoy sabemos que en este tipo de proyectos, los planes están sometidos a innumerables contingencias relacionadas con las condiciones climáticas, la topografía o la disponibilidad de helicópteros, equipos y personal especializado.

El caso del huracán Mitch es un dramático ejemplo de esta situación. Por su causa, las actividades de desminado han sido interrumpidas. Las lluvias desplazaron un número aun indeterminado de minas de las laderas de las montañas y de las riberas de los ríos, y agregaron una gran cantidad de barro y escombros dificultando enormemente las ya de por sí desafiantes tareas de detección y destrucción de minas. La OEA está realizando una cuidadosa revaluación del programa con recursos aportados por Canadá, con el fin de determinar qué modificaciones demanda el plan original y cómo reducir los riesgos de la reconstrucción en puentes y vados de los ríos. El Huracán también destruyó parte de los equipos del programa de desminado, ha creado una demora en las operaciones y ha hecho necesario reiniciar las tareas en nuevos y múltiples frentes.

En el caso de Nicaragua, el Gobierno del Presidente Alemán ha creado una Comisión Nacional de Desminado con la cual estamos redimensionando el proyecto de ese país, restableciendo metas más realistas para su conclusión y comprometiendo a todos los estamentos nacionales en las tareas de coordinación y apoyo.

Como resultado de esta nueva situación en Honduras y Nicaragua, estamos solicitando apoyo a la Comunidad Internacional para lograr el respaldo de mediano plazo que nos permita redoblar y acelerar la ejecución de las tareas. A esos efectos, se estima que podríamos requerir para ambos países unos 9 millones de dólares adicionales para los próximos dos años; y se requeriría que los Estados Miembros de la OEA proporcionasen entre 25 y 30 supervisores adicionales, lo que significaría una gran contribución al avance del Programa. Y este esfuerzo será necesario si queremos concluir en Honduras en el 2000 y en Nicaragua a mediados de la próxima década.

Y, finalmente, de forma paralela a la remoción de las minas es necesario tener en cuenta otras dos actividades: primero, la rehabilitación, capacitación y reinserción a la sociedad de los cientos de personas lisiadas que han quedado en estos países y, segundo, los proyectos de carácter socioeconómico que pueden adelantarse en las áreas que se declaren libres de minas, que son zonas rurales con inmensas carencias. Sobre esto, ya contamos con un mandato específico de nuestra última Asamblea General realizada en Caracas en 1998, y estamos adelantando los estudios correspondientes y las gestiones internacionales para el financiamiento y puesta en ejecución de nuevas actividades que complementen los programas que ya tenemos en marcha. Es muy posible que se logre una cooperación mas estrecha de la sociedad civil en la realización de este tipo de tareas.

Señores Ministros de relaciones Exteriores de México y Canadá, señores embajadores y delegados, amigos todos:

La OEA espera seguir contribuyendo de forma decidida en todos los aspectos posibles del desminado. Con disciplina y persistencia nos hemos ganado un liderazgo internacional en estos proyectos de carácter humanitario, y podemos decir que tenemos en ejecución un modelo exitoso para el desminado en los países que así lo soliciten. Es hora de proyectar nuevos objetivos y avanzar en la consecución de más ambiciosos resultados. El año que comienza nos trae nuevos retos y estamos listos a asumirlos.

También nos satisface constatar que 33 de nuestros Estados Miembros han firmado la Convención de Ottawa y que, de los 58 países que la han ratificado hasta ahora, 14 son países de la OEA.

Les deseo la mejor de las suertes en este seminario, seguro de que al final de este evento nuestra alianza hemisférica alrededor de esta noble causa humanitaria saldrá fortalecida, y nuestra voz en busca de solidaridad será escuchada en todos los rincones del planeta.



Muchas Gracias