Libertad de Expresión

Argentina

            25.       Preocupa a la Relatoría que en algunas provincias del interior de la República los comunicadores sociales y la ciudadanía podrían enfrentar condiciones más difíciles para el pleno ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en comparación con lo que ocurre en los grandes centros urbanos, especialmente en la capital argentina. Esto se hace evidente cuando se observa el mapa de casos reportados de posibles restricciones y presiones contrarias a la libre difusión de informaciones, amenazas y agresiones a comunicadores sociales así como presiones a periodistas para que revelen sus fuentes de información.

PRINCIPIO 4 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Acceso a la información en poder del Estado)

            26.       La Relatoría ha seguido de cerca el trámite en el Congreso de un proyecto de ley sobre acceso a la información. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de 2003. La propuesta pretende, entre otros, permitir que las personas tengan acceso a las bases de datos de los órganos oficiales y establecer sanciones administrativas y judiciales para los funcionarios públicos que no den cumplimiento a los pedidos. Asimismo, da carácter público a las leyes, decretos y documentos que hayan sido mantenidos en secreto por el Estado durante más de diez años y los que no hayan sido clasificados bajo necesidad de sigilo. Sin embargo, el conocimiento de dicho proyecto se había detenido en el Senado. En su informe anual del año 2003, la Relatoría exhortó a la Cámara de Senadores al tratamiento y aprobación del proyecto en cuestión. Finalmente, el Senado aprobó la propuesta el 1 de diciembre de 2004, y tras introducirle algunas modificaciones, la reenvió a la Cámara de Diputados. Esta Cámara puede vetar los cambios realizados por el senado por dos tercios. La Relatoría ve con preocupación algunos de los cambios introducidos al proyecto, especialmente las excepciones planteadas al principio de publicidad, la exigencia de razonar el pedido en una fórmula que tendría el carácter de declaración jurada, la introducción de tarifas y la ambigüedad en la definición de información pública[1].

            27.       Una situación similar se dio en el caso de las provincias de Santa Fe y Mendoza, donde los parlamentos han conocido proyectos similares. En estos casos, los senadores también incluyeron cláusulas que exigirían la demostración de un interés legítimo para obtener información[2], y cuya definición podría incluso depender de órganos del Estado[3].

PRINCIPIO 5 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Censura previa, interferencia, presiones directas o indirectas)

            28.       La Relatoría recibió información sobre una decisión judicial[4], en la provincia de Salta, prohibiendo a un medio de comunicación difundir información que pudiera poner en duda la presunción de inocencia de un acusado de homicidio. [5]

            29.       Por otra parte, el 10 de marzo de 2004, el noticiero Telefé Noticias, habría sido sacado del aire del Canal 23, estatal, supuestamente por orden del gobernador de la provincia de San Luis, cuando se informaba sobre una marcha de protesta contra políticas educativas del gobierno local. En lugar del noticiero se habría transmitido una película.[6]

PRINCIPIO 8 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Derecho a la reserva de las fuentes, apuntes, archivos personales y profesionales de los comunicadores sociales).

            30.       El 6 de agosto de 2004, el gobierno de la provincia de Neuquén presentó una querella, ante la justicia provincial, contra el diario Río Negro para que revelara el origen de unas informaciones publicadas en un artículo del 4 de agosto de 2004. La Relatoría considera positivo que, el fiscal general, Ricardo Trincheri, desestimara la denuncia, afirmando que ningún órgano judicial ni policial podía incursionar en prácticas de averiguación que pudieran poner en peligro el secreto periodístico[7].

PRINCIPIO 9 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Asesinatos, secuestros, intimidaciones, amenazas a comunicadores sociales y destrucción material de los medios de comunicación)

            31.       Se reportan a continuación algunos casos informados a la Relatoría, relacionados con amenazas y ataques a la integridad personal de los comunicadores sociales y contra los establecimientos de los medios de comunicación. Cabe notar que todos los casos aquí mencionados se dieron en el interior del país.

            32.       El 1 de marzo de 2004, personas desconocidas arrojaron pintura al auto de Alfredo Valdez, conductor del programa La Ciudad Despierta de Radio Nacional, en la provincia de Tierra del Fuego. El automóvil estaba estacionado frente al domicilio del comunicador. El ataque fue similar al recibido días antes por Héctor "Lito" Lavia, director y propietario del diario local Prensa, tras difundir una denuncia sobre un funcionario provincial.[8] El 6 de marzo de 2004, por la madrugada, fue incendiada la redacción de El Diario de El Fin del Mundo, en Ushuaia, también en la provincia de Tierra del Fuego. El incendio destruyó la Sala de Redacción y las oficinas administrativas. Según el peritaje, el incendio fue intencional. El Gobierno Federal envió al subsecretario de Medios, Gabriel Mariotto, para conocer del hecho. El 8 de marzo, Mario Jorge Colazo, Secretario de Seguridad provincial se comprometió a "investigar a fondo y garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio".[9]

            33.       En relación con los hechos sucedidos en Tierra del Fuego, el 1 de marzo, por la noche, Carmen Miranda, periodista de El Diario del Fin del Mundo y secretaria general del Sindicato de Prensa de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, fue interrogada en la calle por dos integrantes del Servicio de Investigaciones de la Policía Provincial. Los policías querían saber sobre los domicilios particulares de otros periodistas de la ciudad con el argumento de brindar mayor protección y prevenir ataques como los sufridos por Héctor Lavia y Alfredo Valdez. Al día siguiente, el Secretario de Seguridad provincial, Rubén Cena, se disculpó por lo inadecuado del procedimiento, aunque hizo oficial la intención de realizar dicho relevamiento domiciliario.[10]

            34.       En enero de 2004, el camarógrafo Gustavo Aguirre y el periodista Heraldo Cruz, de un canal local de televisión por cable de la Villa Turística de Paso de la Patria, Corrientes, fueron golpeados por varios sujetos. Uno de los individuos habría sido identificado como hijo del intendente local, y otro como jefe de personal de la Comuna. La agresión se dio cuando tomaban imágenes para una nota periodística del programa Futura TV.[11]

            35.       El 11 de junio de 2004, integrantes del programa Puntodoc, del Canal América, en Buenos Aires, fueron atacados por personal de un local nocturno denunciado como presunto lugar de explotación sexual de jóvenes mujeres, en la provincia de Córdoba. Los policías locales no aceptaron recibir la denuncia de los periodistas, por lo que no les dieron garantías de seguridad.[12]

            PROGRESOS

            36.       El 30 de diciembre de 2003, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de la Primera Nominación de la provincia de Catamarca, Argentina, revocó la sentencia condenatoria impuesta a la empresa editora del diario El Ancasti[13]. Al dejar sin efecto la sentencia, el Tribunal consideró que, por la doctrina de la "real malicia", en modo alguno se había lesionado el derecho al honor del juez, por lo que la jurisprudencia de Catamarca aceptó por primera vez dicha doctrina, reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.[14]

            37.       El 6 de mayo de 2004, fue sancionada la ley provincial de Tucumán que protege el secreto de las fuentes informativas[15]

            38.       El 23 de junio de 2004, fue derogada la “ley de libertad de imprenta” por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, diputados y senadores. Esa norma que databa de la década de 1940 establecía el "delito de imprenta" y sanciones como la clausura, prisión o secuestro de ejemplares para quienes publicaran "noticias subversivas, sediciosas, obscenas, inmorales o calumniosas”.[16]

            39.       En septiembre, la jueza Raquel Villagra, de la provincia de Córdoba, dictó una sentencia favorable a una solicitud de información por parte del diario La Voz del Interior. El medio había presentado un recurso de amparo contra el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) de esa provincia por demorar, sin justificación, el acceso a las actas del directorio del organismo. Según la jueza, la negativa había sido arbitraria e ilegal, mientras que la solicitud de La Voz del Interior formaba parte del ejercicio regular de su derecho a informar[17].

            40.       En noviembre, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley para modificar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La reforma permitiría a las organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro el acceso a licencias de radiodifusión, con lo que se eliminarían las restricciones que exigen ser una empresa comercial para prestar los servicios de radiodifusión. Al momento de redactarse el presente informe, el proyecto debía ser aún aprobado por la Cámara de Senadores para obtener una aprobación definitiva[18].

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