Libertad de Expresión
Honduras
PRINCIPIO 9 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Asesinatos, secuestros, intimidaciones, amenazas a comunicadores sociales y destrucción material de los medios de comunicación)
112. El 12 de marzo de 2004, en la ciudad de San Pedro Sula, el periodista Edgardo Castro, del Canal 6, fue herido por un joven que se le aproximó y efectuó cinco disparos, de los cuales uno lo hirió levemente. La policía hondureña informó el 17 de marzo de 2004 que sectores del crimen organizado estarían implicados en el atentado[1].
113. El 1 de octubre de 2004, las instalaciones del diario La Tribuna, en Tegucigalpa, fueron el blanco de dos disparos provenientes de un vehículo de la policía. La policía habría calificado el hecho como un acto “contingencial” de un agente “cobra” que manipuló el arma cuando revisaba su equipo. El Ministerio de Seguridad emprendió investigaciones sobre el caso[2]. Varios reporteros del diario habían recibido amenazas telefónicas.
114. Desde el 24 de noviembre de 2004, el periodista Jhony Lagos, director de El Libertador, reportó seguimientos y llamadas con amenazas de muerte[3].
115. En diciembre de 2004, el periodista Rodolfo Montalbán de la emisora STC Noticias, denunció ser objeto de amenazas en su contra. El comunicador habría recibido el 21 de noviembre una llamada telefónica en la que se le advertía que dejara de criticar la gestión del alcalde de Tegucigalpa[4].
PRINCIPIOS 10 Y 11 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Utilización de leyes de difamación por parte de funcionarios públicos y leyes de desacato)
116. La Relatoría percibió con preocupación un incremento en los procesos por difamación penal contra periodistas planteados por funcionarios públicos o en casos relacionados con publicaciones de interés público.
117. El 18 de febrero de 2004, el periodista Renato Álvarez, del programa Frente a Frente, que se difunde por Corporación Televicentro, fue condenado por difamación y calumnia en un proceso interpuesto por un dirigente político del gobernante Partido Nacional y ex diputado, Eduardo Sarmiento, quien figuraba en una lista de 15 personas mencionadas en un informe difundido por Álvarez en junio de 2003. Al comunicador se le dictó una pena de dos años y ocho meses de cárcel, no obstante los jueces la suspendieron condicionándola a su comportamiento durante los siguientes cinco años, en los que el comunicador no debe reincidir. A Álvarez se le aplicaron penas accesorias como la suspensión de derechos civiles tales como la patria potestad, la administración de sus bienes, el ejercicio al sufragio y la opción a cargos públicos, al tiempo que lo condenó al pago de costos personales y otros gastos ocasionados por el juicio. La condena fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia. Por la misma publicación, Álvarez había sido absuelto en otro juicio por delitos contra el honor en enero de 2004.[5]
PROGRESOS
118. El 19 de marzo de 2004, la Corte Suprema de la Justicia, a través de la Sala de lo Penal, se pronunció a favor de la derogación de la figura del desacato, establecido en el artículo 345 del Código Penal en Honduras, al considerar que atenta contra la libertad de expresión pues crea un privilegio que protege en forma innecesaria a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y viola el principio de igualdad establecido en la Constitución Política.[6] El Relator para la Libertad de Expresión había solicitado información al Estado de Honduras sobre este caso.[7]
119. El 26 de octubre de 2004, se introdujo a conocimiento del Congreso por consenso de las cinco bancadas de los partidos políticos representados en el Poder Legislativo un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública[8]. El proyecto fue enviado a una comisión de dictámen[9].
[1] Un mes antes, Castro y su compañero de trabajo, Davis Yánez, habían sido amenazados cuando cubrían una nota sobre el desmembramiento de cadáveres, atribuido presuntamente a grupos pandilleros. (Cfr). Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), www.portal-pfc.org
[2] El hecho sucedió luego de que el medio publicara una serie de informaciones sobre el crimen organizado.
[3] Comité por la Libre Expresión (C-Libre), 9 de diciembre de 2004.
[4] Comité por la Libre Expresión (C-Libre), 7 de diciembre de 2004.
[5] Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), www.portal-pfc.org , Reporteros sin Fronteras, “Reporteros sin Fronteras protesta por la condena de Renato Álvarez”, 20 de febrero de 2004, en www.rsf.org.
[6] Comité por la Libre Expresión (C-Libre), ''Corte emite resolución favorable para derogar figura del desacato'', 14 de abril de 2004, en c-libre@multivisionhn.net.
[7] El Secretario de Relaciones Exteriores, Leonidas Rosa Bautista, respondió la solicitud del Relator el 27 de abril de 2004, enviando la opinión de la Corte favorable para derogar el articulo 345 del Código Penal.
[8] El 20 de mayo de 2004, el Presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa, había recibió la propuesta de proyecto de ley de Acceso a la Información Pública de la organización Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
[9] El Tiempo (Honduras), ''Proyecto de ley a acceso a la información'', 21 de mayo de 2004, en www.tiempo.hn, Comité por la Libre Expresión (C-Libre), 27 de octubre de 2004.